Una sentencia del Tribunal Supremo unifica doctrina: los empresarios tienen que demostrar el salario, aunque sea en negro
Agosto 2023. El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica que establece que los empleadores están obligados a demostrar el salario que pagan a sus empleados, incluso si parte de la remuneración se ha acordado y pagado de manera irregular o en negro. Esta sentencia, que unifica doctrina, marca un hito en la lucha contra el trabajo no declarado y la evasión fiscal en España.
El caso que llevó a esta sentencia involucra a un trabajador que demandó a su empleador por falta de pago y por no haber realizado las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social. El empleador argumentó que parte del salario se había pagado en efectivo, fuera del registro contable de la empresa, y que no podía demostrar la totalidad de la remuneración.
El Tribunal Supremo, en su sentencia, ha dejado claro que los empleadores tienen la carga de probar la existencia y el monto del salario que pagan a sus empleados, independientemente de si se ha registrado oficialmente o no. La sentencia considera que la falta de registros adecuados no exime a los empleadores de esta responsabilidad.
En palabras del presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, José María Gómez Villora: «Esta sentencia marca un antes y un después en la lucha contra el empleo no declarado y las prácticas laborales irregulares. Los empleadores deben ser conscientes de que deben demostrar el salario que pagan a sus empleados, independientemente de cómo se haya acordado el pago»
La sentencia del Tribunal Supremo ha sido bien recibida por sindicatos y expertos laborales, ya que representa un paso importante para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que se cumplan las normas laborales y fiscales.
La secretaria general del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, destacó la importancia de esta sentencia para los trabajadores: «Es una sentencia que protege los derechos de los trabajadores y contribuye a acabar con la precariedad laboral y la evasión fiscal. Los empleadores deben ser transparentes y cumplir con sus obligaciones salariales y fiscales para garantizar una justa remuneración y una seguridad social adecuada para los trabajadores»
Esta sentencia también ha generado debates sobre las prácticas empresariales y la economía sumergida en España. La economía sumergida representa una parte significativa de la economía nacional y es un problema persistente que dificulta la recaudación de impuestos y afecta los derechos de los trabajadores.
En términos de prevención y control, esta sentencia también destaca la importancia de la fiscalización y las inspecciones laborales para detectar y prevenir casos de empleo no declarado y evasión fiscal. La colaboración entre las autoridades laborales y fiscales es fundamental para abordar este problema de manera efectiva.
El Ministro de Trabajo y Economía Social, Pedro Pacheco, expresó su apoyo a esta sentencia y reafirmó el compromiso del gobierno para combatir la economía sumergida y garantizar el cumplimiento de las normas laborales y fiscales. «La sentencia del Tribunal Supremo refuerza la importancia de la fiscalización y las inspecciones laborales para garantizar un trabajo digno y proteger los derechos de los trabajadores. El gobierno está comprometido en la lucha contra la economía sumergida y seguirá tomando medidas para fomentar el empleo de calidad y una economía justa y sostenible»
En conclusión, la sentencia del Tribunal Supremo que unifica doctrina sobre la obligación de los empleadores de demostrar el salario, aunque sea en negro, representa un paso importante para proteger los derechos de los trabajadores y combatir la economía sumergida en España. La carga de probar el salario que pagan a sus empleados recae ahora sobre los empleadores, lo que implica una mayor responsabilidad y transparencia en las prácticas empresariales. Esta sentencia es un avance significativo para fortalecer el sistema fiscal y laboral y garantizar un trabajo digno y bien remunerado para todos los trabajadores. Además, destaca la importancia de la colaboración entre las autoridades laborales y fiscales para prevenir y controlar la economía sumergida y promover una economía más justa y sostenible en el país.